Carlos

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Objetivos de la creación de los Tribunales de Familia

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La reforma que introdujo los Tribunales de Familia tuvo por objeto dotar a nuestro sistema de administración de justicia de órganos y procedimientos para hacer frente a un especial tipo de contencioso, para el cual nuestro ordenamiento jurídico carecía de respuesta específica: el de naturaleza familiar.

Establecer procedimientos que favorezcan la inmediación entre los justiciables y los jueces, instituyendo, en consonancia con el derecho comparado, un procedimiento que enfatice la oralidad por sobre la escritura. Ello favorecería la publicidad y la imparcialidad del juicio jurisdiccional contribuyendo así a aumentar su legitimidad.

Acrecentar el acceso a la justicia de sectores tradicionalmente excluidos.

Instituir un órgano jurisdiccional, que, en el futuro inmediato, y como lo reclamaban múltiples instrumentos internacionales, pudieran hacerse cargo del conocimiento de las infracciones juveniles a la ley penal, en conformidad a un procedimiento que cumpliera las garantías del debido proceso.

Crear procedimientos que confieran primacía a las soluciones no adversariales del conflicto familiar. Con dicho fin, el proyecto instituyó la mediación. La mediación, al aumentar los niveles de información disponibles y los canales de comunicación entre la partes, fomentaría las soluciones autocompositivas.

Que existiera una jurisdicción especializada en asuntos de familia. Para ello se crean tribunales dotados de competencia para conocer de todas las materias que puedan afectar a las familias, de manera que aquellas que se encuentren en conflicto no deban iniciar varios procedimientos distintos –incluso ante tribunales diversos– para resolver los asuntos que los involucran.

Que se proporcionaría a las partes instancias adecuadas para llegar a soluciones cooperativas. El proyecto privilegia fuertemente las vías no controversiales de resolución de conflictos –tanto la mediación como la conciliación– apuntando de esta manera a soluciones pacificadoras que favorezcan la armonía del grupo familiar.

Que esa jurisdicción tuviera un carácter interdisciplinario. Los tribunales que se crean, requieren tratar el conflicto en su integralidad, considerando los múltiples aspectos involucrados, a fin de ofrecerles soluciones también integrales.

Que atendida la naturaleza del conflicto familiar, el juez tuviera un conocimiento directo e inmediato de los asuntos. A este fin, se diseñó un procedimiento oral, flexible, concentrado, y basado en el principio de la inmediación.

Incorporación en esta judicatura de elementos de modernización comunes al resto de la administración de justicia con el objetivo de que el ejercicio de la jurisdicción sea lo más eficaz y eficiente posible.

PRINCIPALES REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 19.968

Las reformas más importantes que introdujo la Ley 19.968, a nuestro juicio, son las siguientes: 1.- Concentración en único Tribunal de la inmensa mayoría de los asuntos de familia. La concentración en el artículo 8 de la ley de la inmensa mayoría de las materias de familia e infancia ha permitido especializar a los tribunales en la búsqueda de soluciones armónicas, integrales y coherentes de los problemas al interior de la familia, mediante una serie de procedimientos significativamente más eficientes y eficaces que los existentes a la fecha de la promulgación de la ley; 2.- Consagración de una estructura de procedimiento simple. Los procedimientos incorporados por la ley son extremadamente sencillos, simples y transparentes (atendido básicamente a la oralidad, concentración, desfomalización, inmediación y publicidad), donde básicamente, las audiencias fijan el contenido de la litis o debate y, la prueba del juicio y su fallo, percibiendo las partes, directa y claramente el contenido de lo expuesto sin gran complejidad en la técnica jurídica3.- Consagración y potenciamiento de la conciliación y mediación como sistemas colaborativas de resolución de conflictos. Las figuras enunciadas han significado una gran disminución del caudal de causas y desgaste jurisdiccional, además de consagrarse como una salida mucho más útil y menos desgastante al conflicto familiar, solución que incluso muchas veces permite que a mediano plazo se restablezcan las confianzas entre las partes reorientando los vínculos familiares; 4.- Implementación de una estructura administrativa y jurisdiccional moderna basada en el carácter interdisciplinario de los diversos órganos que la componen. La incorporación de las figuras del Administrador como del Consejo Técnico, extremadamente innovadoras en la historia de judicatura nacional, hacen interesante el análisis de la trascendencia de la ley; y 5.- Potenciamiento de la inmediación en el ejercicio de la jurisdicción. La percepción directa y sin intermediarios que tiene el magistrado del debate y probanzas, alegadas y rendidas en un procedimiento caracterizado por sostenerse en un conjunto de principios destinados a la eficiencia y eficacia del mismo, facilitan la resolución idónea del contenciosos familiar.

Por otro lado, el potenciamiento de la inmediación ha significado evidenciar la decisión jurisdiccional, acercando el conocimiento del ministerio del juez a las partes e intervinientes por un lado, y por otro, formular decisiones acordes a la realidad de la problemática planteada en las diversas causas, pero sin lugar a dudas, una cuestión importantísima ha sido borrar la percepción pública del germen de corrupción que rondaba respecto de la actuación de ciertos funcionarios, cuestión que actualmente no se percibe.

Sin perjuicio de lo expresado respecto de las que a nuestro juicio son las principales reformas introducidas por la Ley 19.968, no es menos cierto, que tanto las mencionadas como las no lo fueron, en su conjunto han significado una revolución a la justicia de menores (actualmente niño, niña o adolescente), ya que han venido a incorporar una estructura jurisdiccional moderna, no solo en lo orgánico, sino también en lo procedimental, concentrando en un juzgado especializado el conocimiento de la inmensa mayoría de los asuntos de la infancia, y lo que es igual de importante, concentrando también los de familia, cuestión que ha significado que la integridad de las consideraciones que vinculan al menor quedan cubiertas dentro de las competencias de esta judicatura, al menos en teoría, ya si bien siempre existen falencias que corregir, el paso que ha dado nuestro país va en la dirección correcta con la evolución que ha experimentado el derecho a nivel internacional. De ahí que más que criticar las cuestiones que siguen pendientes, debamos detenernos a evaluar el progreso alcanzado y enfocarnos con optimismo en los temas que como país quedan pendientes, temas tales como la incorporación a la competencia de los tribunales de familia de las materias sucesorias y cambios de nombre, y siendo un poco más ambiciosos, quizá la codificación del actual Derecho de Familia, eso sí, a nuestro juicio completaría la especialidad y permitiría en el mismo proceso incluir una serie de otras cuestiones que hasta ahora no se han cubierto para perfeccionar la gestión de nuestros Tribunales de Familia.

¿EXISTE ADECUACIÓN DE LA LEY 19.968 A LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO?

A juicio personal existe plena adecuación entre los instrumentos vistos, ya que como puede apreciarse mediante la simple lectura, la Convención de los Derechos del Niño básicamente es un estatuto de derechos elementales y esenciales que consagra una gran diversidad de garantías, entre las que destacan el interés superior y el derecho a ser oído, derechos que forman parte de la autonomía progresiva del menor y, que además, se reconocen como principios del procedimiento en el artículo 16 de la Ley 19.968 como en varias otras disposiciones de la misma ley.

Además de lo señalado, el artículo 8 de la ley en comento, al tratar la competencia dentro de sus diversos numerales, especialmente los números 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 16 evidencia la protección de una serie de otros importantísimos derechos del niño, niña o adolescente.

Mención aparte merece el número 7 del artículo, en atención a que la ley protege al menor ante una amenaza o vulneración de sus derechos sin especificar a cuales se refiere, por tanto, la protección que otorga éste numeral es muchísimo más amplia que en las disposiciones anteriores, más aún, la misma ley al tratar más adelante los procedimientos especiales le otorga a esta materia un procedimiento especial denominado “Procedimiento Especial de Aplicación Judicial de Medidas de Protección”, con lo cual sella una orientación más o menos integral de la protección de los derechos del menor.

Lo anterior por supuesto, sin perjuicio de una serie de otras disposiciones aisladas y dispersas a lo largo del mismo cuerpo legal que complementan lo expuesto, y que por la extensión del tema iremos analizando en su oportunidad.

Carlos Garrido Chacana

Abogado

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