Carlos

Registro Usuario

Efectos Directos de la Sentencia Condenatorio por Violencia Intrafamiliar Multa

Valora este artículo
(1 Voto)

En virtud del inciso 1º del artículo 8 de la Ley 20.066, según su gravedad, el maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar se sancionará con una “… multa de media a quince unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, ….”.

Por disposición del inciso 2° del artículo, el condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días”.

La ley no permite un sistema alternativo de cumplimiento, que hubiera sido lo deseable para aquellos casos en que el ofensor se encontrare cesante, enfermo, o con limitaciones para explicar su falta de ingresos.

Las sumas así recaudadas irán a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado (según el inciso 1° del artículo en referencia).

Muchas veces parece sorprender a las víctimas y/o afectados, que la sanción de multa reciba ese destino -antes lo era a beneficio municipal-, y no a ellas, las que según su opinión debiesen ser sus lógicas destinatarias, aunque fuese a título de compensación por el daño causado. Sin embargo, estimamos prudente tal medida por evitar el uso inadecuado del procedimiento, además si se requiere y se estima procedente algún tipo de compensación, deberá recurrirse a lo dispuesto en el artículo 11 de la misma ley, o a las normas del Código Civil, según corresponda (conforme se verá luego).

MEDIDAS ACCESORIAS

Por disposición del inciso 1° del artículo 9 de la misma ley, el juez deberá además –constituye un imperativo-, aplicar al infractor, una o más de las siguientes medidas accesorias:

1.- Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima. Por lo general la medida se adopta para detener los actos de violencia, de ahí que se decrete cuando existen antecedentes que dan cuenta que la víctima se encuentra en un nivel alto de riesgo de sufrir nuevos atentados contra su integridad física y psíquica, y con la finalidad de protegerla al prevenir el acaecimiento de tales actos;

2.- Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o de estudio, así como cualquier otro lugar al que esta concurra o visite habitualmente.En conjunto con la medida anterior, se puede decretar la medida de prohibición de acercamiento a la víctima, también con el objeto de otorgar protección a su persona en casos complejos donde existe un nivel alto de riesgo de sufrir nuevos atentados contra su integridad física y psíquica, restringiéndose de este modo la libertad ambulatoria del ofensor.

3.- Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso, de armas de fuego. Hay que partir de la base que estamos hablando de tenencia lícita de armas - recordemos que al respecto existe la Ley N° 17.798, sobre control de armas y explosivos -, ya que en caso contrario la medida carece de sentido, porque la tenencia misma de estas constituiría un ilícito sancionable conforme la ley. La medida tiene por objeto minimizar los riesgos a las víctimas, ya que la mantención por parte del ofensor de estas armas en su poder de por sí constituye un factor de riesgo para la vida e integridad de la víctima.

4.- Asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar. La medida tiene por objetivo proporcionar al sentenciado las herramientas psicológicas y/o emocionales para volver a vincularse con la víctima y su entorno familiar de manera óptima, minimizando los riesgos de reiteración de conductas violentas. Para estos efectos, el sentenciado puede derivarse a una terapia de control de impulsos y manejo de ira, como asimismo, y de forma independiente o conjunta, a un tratamiento de desintoxicación de alcohol y/o drogas.

5.- Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el juez. Esta es una medida, es más una medida de específica de control tendiente a evitar que el denunciado o imputado se sustraiga de los actos del procedimiento.

El juez fijará prudencialmente el plazo de estas medidas, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. Ellas podrán ser prorrogadas, a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron. En el caso del número 4, la duración de la medida será fijada, y podrá prorrogarse, tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución respectiva, según el penúltimo inciso del artículo en comento.

DETERMINACIÓN DE ALIMENTOS, CUIDADO PERSONAL, RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR

Por disposición del inciso final del artículo 9 de la ley, el juez, en la sentencia definitiva, fijará los alimentos definitivos, el régimen de cuidado personal y de relación directa y regular de los hijos si los hubiere y cualquier otra cuestión de familia sometida a su conocimiento por las partes.

PAGO DE DESEMBOLSOS Y PERJUICIOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL

En virtud el artículo 11 de la ley, el condenado pagará a la víctima los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial que se hubieren causado con la ejecución del o los actos constitutivos de violencia intrafamiliar objeto del juicio, incluida la reposición en dinero o en especie de bienes dañados, destruidos o perdidos. La norma no hace más que repetir las reglas generales establecidas en el Derecho Civil, pero añadiendo la posibilidad de reposición en especie.

En la historia de la ley se lee que: “(…) la Comisión debatió acerca de la posibilidad de incluir, entre las cuestiones que el juez deberá resolver al dictar sentencia en el juicio por violencia intrafamiliar la obligación del condenado a resarcir, además del daño patrimonial, el daño físico y psicológico causado y los gastos médicos en que hubieren incurrido la víctima y los miembros del grupo familiar directamente afectados, como producto del maltrato del maltrato infringido. Las representantes del Ejecutivo, no obstante compartir el propósito de incluir entre las obligaciones del condenado la indemnización de todo daño a la víctima, advirtieron que el procedimiento breve, concentrado y expedido ideado para el juzgamiento de las causas sobre violencia intrafamiliar no daría tiempo al juez para avaluar todos los perjuicios causados. De ahí que la propuesta original busca que el juez se pronuncie obligatoriamente sobre los perjuicios directos de carácter patrimonial, que serían aquellos desembolsos efectivos que la víctima ha debido realizar para volver al estado previo a la situación de violencia, incluidos los gastos médicos efectuados por ésta, y no sobre una reparación completa, que podría ser materia de un juicio de lato conocimiento. Es decir, aspira a asegurar un resultado mínimo, dejando a salvo la acción indemnizatoria ordinaria. En consideración a lo anterior, con el fin de aclarar que la reparación exigida por la norma debe incluir también los gastos por concepto de tratamientos médicos y/o terapéuticos en que hayan debido incurrir la víctima y demás miembros de la familia afectados por el lo las actos de violencia objeto de juicio, las Diputadas señoras Allende, Ibáñez, Saa, Sepúlveda y Vidal formularon una indicación para anteponer a la expresión “perjuicios patrimoniales”, que sirve de título a este artículo. Así como al vocablo “perjuicios”, la primera vez que aparece en el texto, las palabras “desembolsos y (…). (Boletín N° 2.318-18, Primer Informe de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. Historia de la ley N° 20.066, preparada por la Biblioteca del Congreso Nacional. Santiago, Chile. 2005, p. 53. (Citado por NUÑEZ Ávila, René y CORTÉS Rosso, Mauricio. Derecho Procesal de Familia (La Primera Reforma Procesal Civil de Chile), 1ª ed., 2012, p. 395).”

            En consecuencia, tenemos que la disposición no se refiere a una indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, ya que la misma está excluida de la presente hipótesis, lo cual no obsta que se demande tal responsabilidad en sede civil conforme las normas del derecho común.

Sin perjuicio de lo anterior, a nuestro juicio no cabe indemnización por destrucción o deterioro de los bienes de propiedad del ofensor que estuviere usando u usufructuando la víctima. Lo anterior, salvo en la parte o cuota que le corresponda como copropietaria de la cosa misma, es decir, respecto de los cuales tanto la víctima y el agresor son co-dueños (comuneros). En tal caso, debe restringirse al monto de los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial, a lo que corresponde a la víctima por dicha parte o cuota.

A nuestro juicio, cuando el artículo 11 de la ley se refiere a que “Estos perjuicios serán determinados prudencialmente por el juez” lo hace en exclusiva referencia al juez de familia ya que la competencia de tales asuntos radica en ese tribunal no en el juez civil.

ANOTACIÓN EN REGISTRO DE SANCIONES Y MEDIDAS ACCESORIAS DEL REGISTRO CIVIL

Respecto de tales anotaciones -regladas principalmente en el artículo 12 de la Ley 20.066-, nos remitimos a lo señalado directa e indirectamente en su oportunidad en los distintos títulos pertinentes.

Visto 2355 veces
Inicia sesión para enviar comentarios
Desarrollado por: certificaweb.cl