Carlos

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Antecedentes Históricos de la Violencia Intrafamiliar

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La violencia es tan propia de la naturaleza del hombre que prácticamente lo acompaña desde su creación, y las manifestaciones de ella han sido tan variadas, como su ámbito de desempeño.

Lo anterior, se traduce en que sea un recurso de general aplicación en la resolución de las diferencias sociales que se manifiesta ante la existencia de conflictos de posiciones, donde ha fracasado, o no se ha intentado una solución consensuada.

            Los Estados han dado la primera y más significativa pauta por medio de conflictos armados, donde la destrucción es la única forma de imponer la opción que se estima conveniente sin advertir que en las guerras jamás habrá un vencedor, sino todo lo contrario.

            Los Estados al igual que los particulares justifican la violencia contra los más débiles con un sinnúmero de razones, todas las cuales constituyen falsos valores e intereses hipócritas.

La violencia se manifiesta en toda la escala de organizaciones sociales, sean de origen político, laboral, estudiantil o cualquier otra, de modo tal, que no ha de extrañar que se presente con la misma o mayor frecuencia, en la más básica y pequeña de todas las organizaciones sociales, es decir, la familia.

Si bien la familia debiera ser un cuerpo cohesionado para la protección integral de cada uno de sus miembros, en no pocas ocasiones ha sido el centro de los más bestiales, arraigados y exacerbados conflictos, de aquellos que han permitido un sinnúmero de sistemáticos, permanentes e irracionales abusos sobre sus miembros, en especial sobre mujeres, niños y ancianos.

Por lo anterior, es que se ha hecho indispensable una legislación especial que resguarde de manera apropiada e integral al núcleo familiar de sí mismo.

Como recién dijimos, entre los más vulnerables con la violencia doméstica tenemos a las mujeres y los niños, si bien el ordenamiento jurídico sancionó y sanciona semejantes conductas, en virtud de incongruencias legales y culturales, la ley de algún modo también propició la vulneración de la integridad de las víctimas.

Por medio de la ley se ha legitimado la desproporción de los derechos de los padres sobre los hijos a través de instituciones tales como la facultad de corrección, factor que ha contribuido de modo importante a que la violencia contra los hijos haya perdurado en el tiempo.

Si bien se dice que la violencia doméstica era una figura no sancionada criminalmente hasta antes de las Leyes 19.325 y 20.066, ello no es tan así, ya que la legislación penal sancionaba gran parte de las conductas violentas, pero no con un tipo o una reglamentación precisa, sino como figuras penales comunes, es decir, los cónyuges, parientes y demás personas nombradas actualmente en el artículo 5 de la Ley 20.066, podían –mucho antes de la promulgación de aquellas leyes- ejercer todos los derechos que el ordenamiento jurídico les reconocía, es decir, las agresiones físicas podían sancionarse con los delitos de parricidio, homicidio y lesiones en cualquiera de sus tipos. Por su parte, las agresiones psicológicas podían sancionarse por medio del delito de amenazas, dependiendo si cuadraban o no en el tipo. El problema estaba, en que dichas infracciones tenían una legitimación cultural contra la cual el ordenamiento jurídico difícilmente podía luchar, ya que se estimaba que la violencia conyugal era un problema interno de las parejas y no una responsabilidad social.

Como alcanzamos a esbozar, el abuso y violencia ejercida sobre los niños era parte del legítimo derecho de corrección de los padres sobre los hijos, derecho que de algún modo hasta hace poco la ley también amparaba. Si bien, como dijimos la violencia contra la mujer provenía de una legitimación cultural que vulneraba su carácter de persona, la violencia contra los hijos provenía de una legitimación normativa tan añeja como el machismo en su esencia.

El desarrollo de una normativa internacional sólida en lo que respecta a los derechos de los niños y mujeres, forjó los cimientos que permitieron dar satisfacción a una creciente necesidad de contar con una legislación nacional mucho más adecuada sobre violencia intrafamiliar. Esta necesidad se manifestó derechamente en 1990, cuando se presentó un proyecto de ley sobre el tema, proyecto que se tramitó sin ninguna urgencia ni prioridad y casi sin un debate abierto sobre su contenido. Se decidió que lo mejor era entregar su conocimiento a los Jueces Civiles, a fin de que se cumplan las garantías mínimas de un debido proceso (como el derecho a ser escuchado y a tener la posibilidad de investigar la denuncia o demanda), las cuales no se cumplían en los Juzgados de Policía Local.

Sin perjuicio de lo señalado antes, el Estado de Chile ratificó la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, convención publicada en el D.O. el 09 de diciembre de 1989.

Más Adelante, el 03 de enero de 1991, se pública en el D.O. la Ley 19.023 que crea el Servicio Nacional de la Mujer, mientras que el 27 de agosto de 1994, se hace lo propio respecto de la Ley 19.325, que Establece Normas sobre Procedimientos y Sanciones relativos a los Actos de Violencia Intrafamiliar.

Luego en 1996 el Estado de Chile ratificó la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), publicada en el D.O. el 11 de noviembre de 1998, de manera que desde ese año está vigente en nuestro país.

La Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia, publicada el 30 de agosto de 2004, y que entró en vigencia el día 01 de octubre de 2005, derogó las normas de competencia y procedimiento establecidas en la Ley 19.325, dejándola restringida al aspecto sustantivo, que también terminó siendo derogando por la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar publicada en el D.O. el 07 de octubre de 2005, que con sus distintas modificaciones nos rigen hasta la fecha.

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